Fomentarán la creación de bancos de semillas como medida de protección de la agricultura familiar

18 julio 2014

Agricultura familiar. / Foto: www.fao.org.

Redacción. La diputación de Córdoba aprobaba por unanimidad la proposición referida a la protección de la agricultura familiar y la agricultura ecológica en la provincia de Córdoba.

Entre las medidas contempladas, se recoge la realización de investigaciones con la colaboración de la Universidad de Córdoba y con el Centro Agropecuario de la diputación de Córdoba, y la Fundación Agrópolis, para poder valorar el impacto del uso de OMG en la agricultura familiar y ecológica dentro del contexto socioeconómico de la provincia de Córdoba.

Asimismo, se informará a todos los ayuntamientos de la provincia de Córdoba sobre el contenido de la presente Proposición, y animarles a fomentar su sensibilidad en defensa de los intereses de la agricultura familiar y en sus respectivos municipios.

Se promoverán los intereses propios de la agricultura familiar sostenible. A tal efecto, se estudiará la introducción de un sello distintivo de calidad local al que puedan acogerse tanto los productores agrícolas como los productores de carne y los establecimientos que distribuyan los productos de explotaciones agrícolas familiares de calidad.

Igualmente, se realizarán las gestiones necesarias para garantizar que en los establecimientos dependientes de la diputación, en la medida de lo posible, se expendan o sirvan alimentos procedentes de explotaciones agropecuarias familiares de la provincia de Córdoba.

Según la proposición aprobada, se promoverá que los agricultores titulares de explotaciones familiares en la provincia de Córdoba puedan apostar por estrategias agrícolas rentables y sostenibles, informando también, sobre los riesgos de los herbicidas y pesticidas.

Por último, se fomentará la creación de nuevos bancos de semillas propias de la zona y se facilitará a los agricultores locales su aprovechamiento y disfrute, mejorando los sistemas de información, acceso y puesta a disposición.

La proposición se enmarca en el seno de los objetivos marcados por la declaración del año 2014 como Año Internacional de la Agricultura Familiar.

La agricultura familiar y de pequeña escala, están ligadas de manera indisociable a la seguridad alimentaria mundial. Permiten rescatar los cultivos tradicionales, contribuyendo a una dieta equilibrada, a la protección de la biodiversidad agrícola en el mundo y al uso sostenible de los recursos naturales.

La agricultura familiar, representa también una oportunidad extraordinaria para dinamizar las economías locales y provinciales, especialmente cuando se combinan con políticas específicas destinadas a la protección social y al bienestar de las comunidades. Además, acarrea una excelente forma de protección del mundo rural y fomentan la producción de calidad.

Por todo ello, la diputación entiende que es exigible que las explotaciones agrarias familiares gocen de una tutela prioritaria por parte de las administraciones públicas y puedan además, acceder a la concesión de ayudas económicas y apoyos de toda índole.

También debe preocuparnos la utilización no controlada de organismos modificados genéticamente- conocidos como OMG o transgénicos- en el medio ambiente, porque además de suponer una posible amenaza para la supervivencia de la agricultura familiar, supone un probable riesgo para la biodiversidad y para la salud, y no se descarta que a medio y largo plazo, pueda provocar efectos imprevisibles sobre aquellos ecosistemas que se vean afectados por esta contaminación genética. Sobre la posible incidencia negativa en los ecosistemas y en la economía sostenible-a diferencia del debate abierto sobre los efectos que pudieran tener los transgénicos sobre la salud humana- , parece haber una opinión casi unánime.

Es un hecho probado que el cultivo al aire libre de OMG puede representar un riesgo muy importante de contaminación para la flora y la fauna. La imposibilidad de controlar el cruzamiento mediante la polinización de cultivos naturales con aquellos modificados genéticamente, puede desencadenar la desaparición a corto plazo de especies y variedades autóctonas, además de otros problemas, como la aparición de resistencias a herbicidas en plantas adventicias y especies invasoras, o la producción de semillas estériles en plantas silvestres que conduzcan a su desaparición y extinción.

Además, la utilización de OMG fomenta una agricultura basada en el monocultivo latifundista, la pérdida de biodiversidad, amenaza los cultivos familiares de calidad y los cultivos ecológicos, y el uso de los agroquímicos relacionados, incide muy perjudicialmente en el suelo, el agua, y en otras plantas e insectos no perjudiciales.

Las supuestas ventajas económicas que habrían de derivarse de los cultivos transgénicos han sido muchas veces desmentidas. Sólo parecen beneficiar de forma directa e innegable a determinados grupos multinacionales farmacéuticos, titulares de los derechos de propiedad industrial y de explotación. Por el contrario, los transgénicos han fomentado el cultivo de herbicidas, tienen un rendimiento no superior a las especies no modificadas, no mejoran la calidad de los alimentos, y dado que la mayor parte se está destinando al consumo del ganado, tampoco se aprecia que contribuyan a erradicar el hambre en el mundo. Además, muchos agricultores se acaban convirtiendo en dependientes de las semillas transgénicas, que como elementos patentados, están sometidas a un sistema legal de restricción de la competencia y de la distribución, que impide legalmente conservar parte de la cosecha para siembra.

El cultivo de transgénicos es incompatible con actividades como la agricultura ecológica o la apicultura, ya que la comercialización de estos productos se ve sujeta a una rigurosa normativa que prohíbe su comercialización con trazas de contaminación transgénica.

El día 26 de septiembre de 2013, el Parlamento andaluz aprobó una Proposición no de Ley para instar al Gobierno de la Junta a poner en marcha, en el marco de sus competencias, mecanismos políticos, administrativos y legales para prohibir los cultivos transgénicos en espacios naturales y protegidos y en zonas donde la protección ecológica tiene una presencia importante y en zonas de interés social y económico. Y ese justamente, puede ser el caso de las zonas en las que la agricultura familiar tenga un papel relevante en la economía local o represente una cuota de producción significativa por su cantidad o por su especial calidad.